Ciudad de México.- La cancelación de deudas constituye una de las formas más efectivas de comenzar, nuevamente, cuando no hemos podido gestionar de forma adecuada nuestras finanzas. Se trata de situaciones que puede enfrentar cualquier persona, por lo que contar con este tipo de oportunidades es una gran noticia para rehacer la vida sin preocupaciones.
En este sentido, para que la cancelación de deudas sea efectiva, es necesario contar con la asesoría de abogados profesionales porque son los más indicados para gestionar todo este procedimiento que se ampara bajo la Ley de Segunda Oportunidad.
¿En qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad?
La Ley de Segunda Oportunidad, como su nombre lo indica, es una ley que fue aprobada con el objetivo de que las personas físicas pudieran acceder a un proceso que les permita cancelar, completamente, todas las deudas adquiridas. Es un proceso que pueden aprovechar personas particulares, así como también autónomos.
Sin embargo, solo se puede aplicar si se cumple con requisitos básicos. Por supuesto, como comentamos anteriormente, para poder acceder a este beneficio, es ampliamente recomendable contar con la asesoría de abogados especialistas en el área para ampliar las posibilidades de aprobación del requerimiento.
Este mecanismo jurídico es uno de los menos conocidos, aunque cada día es más aplicado a personas particulares o autónomos que, por diferentes razones, han acumulado una cantidad significativa de deudas que no están en capacidad de asumir. Cuando logran acceder a la Ley de Segunda Oportunidad, los beneficiados podrán, nuevamente, hacer solicitudes de financiación, desaparecer de los ficheros o listados de morosidad e incluso, contratar tarjetas de crédito. De allí que se trate de una gran opción para comenzar, de cero, sin preocupaciones, pero con los aprendizajes derivados de dicha situación.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad?
Para tener acceso a la Ley de Segunda Oportunidad, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos básicos. Es importante destacar que, desde la entrada en vigor de la misma, algunos de los requisitos iniciales han sido modificados.
Además de la documentación general, también se deben cumplir, a cabalidad, con los siguientes requisitos:
- El solicitante no debe tener condenas correspondientes a los 10 años anteriores al momento de hacer la solicitud. En este sentido, no debe tener ningún tipo de pena privativa de libertad por delitos contra el orden socioeconómico, patrimonio, falsedad documental, Seguridad Social, Hacienda Pública o, en general, delitos contra los derechos de los trabajadores.
- El solicitante tampoco puede haber sido sancionado en los 10 años anteriores al momento de hacer la solicitud de exoneración, tanto por deudas de infracciones tributarias consideradas graves, como por infracciones del orden social y seguridad social.
- En el mismo ámbito de las sanciones, cuando se trata de sanciones de gravedad, éstas no pueden ser por importes que superen el equivalente al 50% del monto susceptible a la exoneración.
- La persona que solicita el beneficio tampoco debe estar relacionado con sentencias de calificación de recursos de acreedores.
Si el interesado cumple con la lista de condiciones, se puede iniciar el proceso. En primer lugar, se debe proponer un plan de pagos que oscile entre tres y cinco años, para lo cual se tomarán en cuenta las circunstancias específicas del deudor. Este paso es uno de los más importantes, pues con el mismo se evita que le sean liquidados sus bienes.
En la segunda fase, se deberá solicitar la liquidación de los bienes, en caso de que los hubiera, junto a la exoneración posterior de todas las deudas. La última fase es la solicitud de la declaración del concurso. Este punto solo es posible si el deudor no posee bienes.
Sin lugar a dudas, la Ley de Segunda Oportunidad es una de las mejores alternativas con las que contamos en la actualidad para la cancelación absoluta de todas nuestras deudas. Sin embargo, al presentar tantas complejidades, la mejor recomendación es buscar asesoría y acompañamiento de un abogado que esté especializado en esa área.
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